POBREZA EN VENEZUELA

CAPITULO I. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pobreza en Venezuela.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La pobreza por ser un problema económico venezolano, que cada día se está profundizando y cada vez se agudiza más, debe ser del conocimiento e interés de todos y cada uno de los ciudadanos que hacemos VIDA en este país, nuestro PAIS?.

1.3 OBJETIVO GENERAL

Describir la pobreza en Venezuela, de manera tal que se pueda dar a conocer e impartir una visión más detallada y actualizada de este problema.

1.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Indagar y conocer un poco más sobre la pobreza.
Identificar los pobres en Venezuela.
Ver como se ha incrementado la pobreza en Venezuela.
Estudiar qué factores o variables han influido en la pobreza.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Debido a la importancia que tiene este problema para los venezolanos, se vislumbra interesante y necesario tomar este punto como tema de investigación y desarrollo, la cual aportara más conocimiento sobre el mismo, a los estudiantes de la Asignatura Problemas Económicos de Venezolanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

1.5 LIMITACIONES

Por lo extenso del tema y el poco tiempo para dicha investigación, se debe delimitar la misma a los puntos más estratégicos y resaltantes, de modo tal que se logre el objetivo planteado de una manera precisa. Aunque exista bastante información se llevara a cabo de una manera concreta para el posterior exitoso entendimiento por parte de todos los involucrados e interesados en este problema.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Pobreza, Nueva Pobreza y Exclusión Social (Los múltiples rostros de Caracas). Colección Economía y Finanzas “BCV”.
Autores: Cecilia Cariola y Miguel Lacabana. Caracas, 2005.
Estrategias para Superar la Pobreza. Cedice
Fundación Konrad Adenauce, 1996. Reservados todos los derechos.
Tema: La Pobreza en Venezuela, Carlos A. Sabino.
Tema: ¿Por qué somos más pobres?, Maxim Ross.

1.2 BASES TEÓRICAS

FENÓMENO DE LA POBREZA

“La pobreza, antes que nada, es un concepto esencialmente relativo. Nadie es pobre o rico en si mismo sino en relación a otras personas, ya sean estas miembros del mismo grupo dentro del cual se efectúa la comparación o pertenezcan a ámbitos sociales por completo diferentes. Pobreza es carencia, falta, ausencia de algo y, en tal carácter, una noción negativa que nos refiere de inmediato a su antónimo, la RIQUEZA”. (Carlos A. Sabino, 1996) p51.

PROBLEMAS METODOLOGICOS

Estas mediciones no pueden utilizarse sin más para llegar a conclusiones generales pues tienen, desde el punto de vista metodológico, algunas serias limitaciones que es preciso considerar previamente. En primer lugar ambos métodos proceden de un modo global, estadístico, pasando por alto algunas de las siguientes circunstancias: a) los diferentes patrones de consumo que pueda tener cada grupo familiar de acuerdo a sus valores, hábitos y entorno cultural; b) los bienes y servicios que, por diversas razones, se reciben sin costo; c) los ingresos no declarados o eventuales. Estos problemas técnicos conducen a que los índices de pobreza se asemejen más a las medidas macroeconómicas globales que auténticos indicadores de las condiciones de vida de una población.

Pero en esta limitación hay que agregar otra, fundamental, que se desprende de la propia metodología con que se realiza la medición: la línea de pobreza siempre es arbitraria, pues se deriva de una apreciación más o menos subjetiva del investigador, y trazarla conduce a generar la falsa idea de que la pobreza es algo absoluto, objetivo, igual que el numero de hijos que tiene un grupo familiar o la edad de una persona. Esta aparente objetividad del índice de pobreza, que no es demasiado diferente a la de muchos otros indicadores sociales, opera sin embargo como un acicate para precipitar conclusiones pocos fundamentadas: políticos y periodistas la esgrimen ante los medios de comunicación para apuntalar sus propuestas o para hacer señalamientos estridentes, cargos de emotividad, y muchos analistas la usan de un modo totalmente ingenuo, como si estuvieran empleando una medición que expresa fielmente la realidad social.

Esto no debe sorprendernos. Si la pobreza fuera una magnitud absoluta, es decir, la carencia de una cantidad determinada de recursos, el problema debiera evaluarse en propiedad mediante otros indicadores de naturaleza más directamente económica, como el ingreso per capita y los índices que permiten determinar la forma en que éste se distribuye dentro del conjunto social, pues estos últimos son los que definirán mejor el nivel de las desigualdades existentes. Si la pobreza, en cambio, es relativa como se lo acepta generalmente no tiene demasiada significación trazar líneas que distingan a los pobres de los no pobres, pues siempre, en ultimo análisis, habrá personas con diferentes ingresos y necesidades subjetivas que se sentirán más o menos pobres o ricas de acuerdo a sus valoraciones personales y a sus particulares circunstancias.

En ambos casos, como es obvio, para comprender el problema social de la pobreza tendremos que entender previamente lo que ocurre con el crecimiento económico y con la forma en que éste afecta a los diversos estratos y grupos que componen la población total.

EL RETROCESO DE LA ECONOMIA VENEZOLANA

Si comparamos el desempeño económico de nuestro país, no ya con Corea del Sur o Singapur, sino con el resto de América Latina, encontraremos un problema que reclama explicación: Venezuela no sigue el actual proceso de crecimiento que, impulsado por la apertura hacia el mercado, han emprendido la mayoría de los países de la región. Muy por el contrario, después de un pasado en que, gracias a los beneficios del petróleo, nuestro país crecía económica y socialmente, ha sobrevenido un estancamiento prolongado. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué no se ha continuado con el proceso de reformas estructurales que se había comenzado y tan buenos resultados esta dando a otros países latinoamericanos? ¿Es que la apertura del mercado, que tan negativamente es vista en el país, resulta inaplicable a las condiciones particulares de nuestra economía?

No es fácil responder a preguntas de amplio alcance como estas en unas pocas páginas, pero el punto es crucial: si no comprendemos las causas del pobre desempeño económico venezolano, si no entendemos la razón del largo estancamiento que vivimos, de nada servirá tratar de encontrar soluciones al agudo problema de la pobreza, pues estaremos incapacitados para actuar con efectividad sobre los auténticos factores que la generan. Por eso, aun cuando sea sintéticamente, avanzaremos una visión general capaz de responder a los citados interrogantes.

Durante varias décadas Venezuela creció económicamente y asistió a un mejoramiento progresivo de sus condiciones sociales. Se creó una infraestructura apta para la producción y los servicios, se redujo el analfabetismo y se amplió considerablemente el sistema escolar, se desarrolló una acción amplia en saneamiento ambiental y atención de la salud, se pasó de una sociedad rural y mal comunicada a una sociedad urbana y, quizás lo más importante, se produjo un sostenido proceso de movilidad social que dio por resultado la aparición de un amplio sector de estratos medios. Este crecimiento, sin paralelo en la región, se vio decisivamente impulsado por la riqueza petrolera.

Pero en la forma en que operó el trasvase de los recursos petroleros al resto de la sociedad estaba la semilla de las posteriores dificultades. El ingreso petrolero llegó primeramente al Estado y éste lo repartió, de algún modo, al resto de la sociedad. Un desequilibrio fundamental entre Estado y sociedad civil fue tomando forma, una asimetría que hacía del primero el motor último del crecimiento y en interventor por antonomasia de toda la vida económica. El dirigismo, el centralismo y las políticas de sustitución de importaciones y de crecimiento hacia adentro predominaron durante un larguísimo período, imponiendo severas restricciones al desarrollo autónomo de la sociedad y a su desenvolvimiento económico. Con los ingresos provenientes del petróleo el Estado se convirtió además en empresario, hizo gigantescas inversiones y, finalmente, terminó por endeudarse hasta un punto en que ya no resultaba posible continuar.
Como los precios del petróleo no podían seguir subiendo eternamente, y como la gestión estatal de empresas y servicios se caracterizaba por una creciente ineficiencia, se crearon las condiciones para el estallido de la crisis inicial: fue a comienzos de los ochenta cuando el Estado venezolano dejó de ser el próspero proveedor que repartía sus bienes al resto de la sociedad y cuando el viejo modelo, que tan bien parecía funcionar hasta allí, dejó de ser viable. Pero, y este es el pecado original de todo lo que sigue, ni las élites políticas ni la opinión pública aceptaron de buen grado que era necesario realizar una profunda transformación del modo en que venía dirigiéndose el país.

La primera reacción, asociada indeleblemente a RECADI y el sistema de control de cambios diferenciales que se implantó, trató de disimular los efectos de la crisis: un conjunto de controles que resultaba insostenible a mediano plazo evitó que se sintieran directamente los efectos reales de la nueva situación, manteniendo la ilusión de que el nivel de vida podría recuperarse en poco tiempo. Así se conservaron, es cierto, las apariencias: a pesar del profundo estancamiento de la economía y del descenso continuo de los niveles de ingreso no hubo un aumento de la conflictividad social ni se puso en tela de juicio el sistema político durante algunos años.
Pero los ajustes eran inevitables. La deuda acumulada exigía cumplir con pagos cada vez más difíciles de satisfacer, las arcas del Estado se vaciaban, la balanza de pagos se inclinaba peligrosamente hacia el lado del déficit, la inversión privada llegaba a sus mínimos históricos y la economía era incapaz de crecer. A esto había que añadir el deterioro progresivo de los servicios públicos, la educación y la salud, y una estructura cada vez más desigual de ingresos, alentada primordialmente por la inflación y el perverso sistema de control de cambios. Durante estos años de empobrecimiento global no se habían preparado las transformaciones que exigía el modelo económico vigente sino que se había continuado como si nada ocurriera, postergando las decisiones pero acercando inevitablemente el estallido del malestar social.
Este sobrevino el 27 de febrero de 1989, precisamente cuando un nuevo gobierno intentaba comenzar el gran viraje que forzosamente necesitaba el país, y gravitó muy negativamente sobre el proceso de cambios que se desarrolló posteriormente. No es nuestro propósito hacer un balance de lo que se realizó en los cuatro años siguientes, porque ello nos alejaría sin duda del tema de nuestra exposición, pero es preciso reconocer al menos dos elementos importantes: el primero, que los ajustes no tuvieron, al menos en muchos sentidos, la magnitud que en su momento se pensó que tenían; el segundo que, pese a todo, las transformaciones que se emprendieron dieron algunos frutos que resultaría mezquino negar. Porque, a pesar de lo drásticas que fueron algunas medidas de política económica, el proceso de ajustes no logró reducir el gigantismo del Estado, no hizo más que tímidos intentos de privatización y dejó que la inflación continuara redistribuyendo negativamente la riqueza. Pero, a pesar de estas limitaciones fundamentales, el país logró recuperar su crecimiento, se redujeron en algo los niveles de pobreza y la inversión privada mostró algunos síntomas de positiva recuperación.
El resto de la historia ya pertenece al presente. Con el pretexto de preservar el ya magro nivel de vida de la población se ha regresado a una política de controles -mientras a la vez, inconsistentemente, se habla de atraer inversiones y de equilibrar las cuentas fiscales- y con ella han retornado los problemas económicos y sociales que nos agobiaron durante la década de los ochenta: ausencia de crecimiento económico, vertiginoso empobrecimiento, deterioro de los servicios públicos, progresivo aumento de las diferencias económicas entre los diversos estratos de la población.
La causas de la pobreza en Venezuela, por lo tanto, no hay que buscarlas en políticas sociales erradas -que por supuesto las hubo y las hay- ni en factores de oscuro origen cultural: están en la resistencia a modificar un modelo de intervencionismo económico que no ha dejado de empobrecernos en los últimos veinte años, en el gigantismo estatal que los gobernantes se empeñan a toda costa en proteger, en una relación desigual entre Estado y sociedad civil que no deja a ésta crecer y desarrollarse.
En vano se discutirá entonces cual es el mejor tipo de política social a adoptar, cual sistema de seguridad social es el más conveniente o cómo mejorar la calidad de vida de quienes obtienen menores ingresos: hasta tanto el país no deje de retroceder económicamente será imposible revertir el vasto proceso al cual hemos tratado de referirnos en estas líneas, porque de ese retroceso provienen, como creemos haberlo demostrado, los males sociales que tratamos de combatir.

RECOMENDACIONES
CONDICIONES INDISPENSABLES PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA

La experiencia internacional ya acumulada indica que el crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza se logran cuando prevalecen algunas condiciones que operan como punto de partida para que los ciudadanos -en última instancia los únicos creadores de riqueza- puedan desplegar mejor todas sus potencialidades. Estas condiciones, brevemente, son:

1) Estabilidad Macroeconómica. Aunque el crecimiento económico es posible sin estabilidad, cuando éste se produce en un entorno inflacionario suele concentrarse en muy pocas manos y producir una distribución regresiva de los ingresos: la inflación traslada la riqueza de los trabajadores hacia el Estado, premia a los especuladores y desalienta el crédito y las inversiones, imprescindibles para que las empresas nazcan y se desarrollen. Es bueno recordar estos efectos negativos de la inflación para mostrar la contradicción en que caen nuestros gobernantes cuando dicen preocuparse por los problemas sociales pero a la vez aceptan como "bajas" o "aceptables" tasas inflacionarias del 30%, el 50%, o el 70% anual. Ello ha ocurrido reiteradamente en Venezuela durante los últimos años, como el lector podrá recordar con facilidad. Del mismo modo es imprescindible la eliminación de los perniciosos controles sobre las divisas, los intereses, los bienes y servicios. Ellos entorpecen los movimientos de la economía, crean un ambiente de total incertidumbre y, en definitiva, sólo aumentan el poder de los funcionarios públicos y el número de personas en situación de pobreza.

2) Economía de Mercado. La economía de mercado ha resultado el único mecanismo conocido capaz de promover un florecimiento económico y de alentar a la gente a crear y producir por su cuenta, punto de partida para la generación de la riqueza social. Los controles, aunque se hagan con la abierta intención de proteger a la población que se encuentra en la pobreza, sólo retardan el avance tecnológico y, lo que es peor, alientan los monopolios y las desigualdades. Ejemplo extremo de esto último lo constituyeron las economías comunistas, que produjeron un empobrecimiento generalizado mientras una clase social privilegiada, los funcionarios y burócratas, concentraban de hecho el poder político y económico en sus manos.

3) Seguridad Jurídica. Sin un orden legal estable, sin una justicia despolitizada y oportuna, los más débiles se encuentran en una situación de desventaja casi imposible de remontar. Por ello es preciso construir un entorno jurídico adecuado que posibilite, entre otras cosas, la integración del creciente sector informal a la corriente principal de la economía nacional.

4) Seguridad Personal. El Estado venezolano ha abdicado, prácticamente, de sus funciones como garante del orden público. Sin seguridad para trabajar y para mantener el fruto del esfuerzo personal resulta ilusoria toda política a favor del desarrollo económico. A estas cuatro condiciones, perfectamente posibles de alcanzar en la Venezuela de hoy, debiera prestárseles más atención en todo el discurso político y en la acción gubernamental: sin ellas cualquier política social, por más inteligentemente que se la haya diseñado, resultará improductiva y tendrá efectos apenas perceptibles.

La Política Social: Lo anterior no implica, por supuesto, que no deba realizarse una política social dirigida específicamente a mejorar la situación de los sectores menos favorecidos. Aun cuando el país retorne a la senda del crecimiento quedarán amplios sectores en situación de pobreza y existirán grupos específicos -ancianos, desempleados, etc.- en condiciones de especial vulnerabilidad. Hacia ellos debe dirigirse entonces una acción definida del sector público y el estímulo suficiente para que el sector privado, en todas sus expresiones, cumpla también un papel significativo.

El criterio primordial que debe seguir una política social que realmente promueva el mejoramiento de los grupos menos favorecidos es, indudablemente, el de inversión social. Así lo hemos manifestado en otras oportunidades y sobre esa idea parece estar construyéndose un consenso entre los principales estudiosos del tema. Se trata de abandonar la visión de una política social basada en transferencias unilaterales del sector público, en subsidios directos o indirectos, y propiciar en cambio las condiciones para que la población, por sus propios medios y en un entorno favorable, vaya incrementando su productividad y sus ingresos.
La inversión social ha de concentrarse, por lo tanto, en lograr un adecuado funcionamiento de los servicios para todos los sectores de la sociedad, en crear la infraestructura de transporte y comunicaciones necesarias para la producción y en otorgar a las personas un punto de partida que les sirva para enfrentar en mejores condiciones la lucha por la vida. Esto último, indudablemente, sólo puede lograrse concentrando los esfuerzos para que exista una educación básica de alta calidad, con una cobertura total, y estimulando el desarrollo de servicios de salud que protejan apropiadamente a la madre y al recién nacido.
Una política guiada por el criterio de inversión social no excluye, naturalmente, que puedan otorgarse determinados subsidios dirigidos a grupos específicos cuando las circunstancias lo hagan aconsejable. Pero implica que tales transferencias no pueden ser de un monto tal que impidan la realización de otros logros más importantes en el largo plazo y que los subsidios han de ser concebidos siempre bajo una modalidad transitoria, como herramientas para paliar problemas puntuales y no como instrumentos permanentes que terminan por crear una nociva dependencia en quienes los reciben.
Este último punto tiene relación, indudablemente, con los problemas valorativos que tan importante relación tienen con nuestro tema. No hemos podido, por razones de espacio, referirnos a ellos más que indirectamente, pero es importante consignar, antes de terminar este trabajo, que es impensable imaginar la lucha contra la pobreza si no existe entre las personas que conforma la sociedad una adecuada valoración del trabajo, del esfuerzo personal y de las normas de convivencia social.
En Venezuela, lamentablemente, estamos todavía a bastante distancia de este ideal. Una encuesta realizada el año pasado, por ejemplo, pregunta a las personas qué valores creen que deben inculcársele a los niños; las respuestas muestran que un 21% escoge la honestidad, un 12% la aplicación al estudio y, luego de otras menciones, aparecen al final los hábitos de trabajo, con 2% y el valor del ahorro con 3%. Lo que piensan las personas entrevistadas parece bastante evidente: todavía, como en los buenos tiempos, se confía en la educación formal como modo de ascenso social, se repudia a la corrupción como fuente de todos los males del país, pero pocos se acuerdan de los hábitos de trabajo y del ahorro, valores tradicionales que tanto han influido en el desarrollo de las naciones modernas.

Sirvan estos últimos datos para recordarnos que en Venezuela, todavía, nos falta bastante para salir de "la crisis".